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Hazle saber a la congresista Susel Paredes que rechazamos su Proyecto de Ley 9975

El Proyecto de Ley 9975/2024, presentado por la congresista Susel Paredes, busca incorporar al Código Penal el artículo 289-A en el que sanciona con severas penas de cárcel a quienes expresen cualquier opinión contraria a la vacunación obligatoria. Este proyecto constituye una grave amenaza al derecho a la libertad de expresión imponiendo penas de entre cinco y ocho años de prisión, según las circunstancias, a quienes: deliberadamente instiguen o induzcan a no cumplir con la vacunación obligatoria; promuevan la negativa a vacunar a menores o personas dependientes bajo su responsabilidad.

Hazle saber al Cardenal Castillo que sí se ha ofendido a la Virgen María.

La promoción y la futura puesta en escena de la obra de teatro "maría maricón" merecería un rechazo categórico por parte del que debe ser guía y garante de los principios rectores de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Sin embargo, el Cardenal y Gran Canciller de la PUCP Carlos Castillo Mattasoglio ha expresado solo justificaciones que respaldan una obra que es un ataque directo a los valores y creencias del pueblo católico del Perú.

Detengamos las ofensas de la PUCP a los católicos

¿Cómo es posible que una universidad que se identifica como católica permita la publicación de imágenes y contenidos agraviantes contra la Virgen María? Muchos padres de familia confían en que, al matricular a sus hijos en universidades que se presentan como católicas, junto con recibir una excelencia académica, recibirán una formación humana acorde con los valores de su fe. Sin embargo, ¿sabemos realmente qué tipo de contenidos les están transmitiendo?

MINEDU no discriminen e incluyan a TODOS los padres peruanos. Modifiquen reglamento de Ley 31498.

La Ley 31498 que impulsa la calidad de los materiales y recursos educativos en el Perú regula el procedimiento para la participación de los padres de familia en el proceso de elaboración del contenido de los materiales, textos y recursos educativos, sin distinguir si estos pertenecen a colegios públicos o colegios privados. Sin embargo, su reglamento no respeta lo que la Ley establece restringiéndolo únicamente a padres de familia de colegios públicos.