El diputado Christian Aranda está siendo duramente cuestionado por solicitar información sobre la realización de abortos terapéuticos realizados en el Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega de Abancay. Pero hay algo que los ciudadanos debemos saber: se puede pedir información para saber si se vienen aplicando las normas vigentes, manteniendo protegidos los datos personales de los pacientes. La diferencia es fundamental. Fiscalizar un hospital público no significa vulnerar la intimidad de un paciente. La privacidad debe protegerse, pero las instituciones públicas también tienen que rendir cuentas sobre el cumplimiento de la ley.